La construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, considerado uno de los proyectos de inversión más importantes del sexenio foxista, quedó suspendida indefinidamente debido a una resolución judicial.
La juez federal Livia Larumbe Radilla concedió una suspensión definitiva en vía de amparo a los pobladores del municipio de Cacahuatepec, Guerrero, y ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que de inmediato detenga la construcción del embalse.
La resolución ordena “que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y las autoridades se abstengan de autorizar la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales del río Papagayo para el proyecto hidroeléctrico La Parota, por los daños irreversibles a los quejosos que viven en Cacahuatepec”.
Este megaproyecto, emprendido hace cuatro años, ha provocado fuerte resistencia de los pobladores que resultarían afectados y de movimientos ambientalistas, quienes argumentan que la construcción de la presa provocaría el desplazamiento de 25 mil personas, la inundación de 17 mil 300 hectáreas y un grave deterioro ecológico.
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consultable en la jornada en linea: http://www.jornada.unam.mx/2007/09/14/index.php?section=estados&article=035n1est
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Los opositores al proyecto formaron una agrupación denominada Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP).
Esta lucha no ha estado exenta de víctimas: tres campesinos fueron asesinados durante un enfrentamiento para impedir que la CFE construyera el embalse. Además, los campesinos han enfrentado constantes amenazas de expropiación de tierras por parte del gobierno federal.
En este conflicto, que el gobierno foxista heredó al de Felipe Calderón, también se inmiscuyó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En abril de 2006, durante un recorrido de la otra campaña, el subcomandante insurgente Marcos advirtió al gobierno de Vicente Fox que si el Ejército Mexicano atacaba a las comunidades que rechazan la construcción de la hidroeléctrica La Parota, el EZLN consideraría este hecho como una agresión.
Además, Marcos sentenció a Fox Quesada: “La presa sólo podrán hacerla con una guerra en el suereste mexicano”.
Ahora, en un nuevo capítulo de este enfrentamiento, una juez federal de Guerrero dio la razón a los pobladores de Cacahuatepec y les concedió una suspensión definitiva.
Esta resolución no significa que los inconformes con el megaproyecto hayan ganado ya el juicio de garantías a la CFE, sino que estarán protegidos durante el tiempo que dure el litigio.
Es decir, los quejosos no obtuvieron un amparo, sino que la titular del juzgado octavo de distrito sólo ordenó que se suspenda la construcción de la presa para que pueda desahogarse el juicio correspondiente sin que exista el riesgo de que al final, en caso de que pierda la CFE, no se puedan reparar los daños a los campesinos.
Según informó ayer el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la juez Larumbe Radilla turnó al juzgado décimo de distrito en materia administrativa del Distrito Federal un exhorto para que de inmediato comunique a la CFE la resolución en favor de los campesinos guerrerenses.
Además, la funcionaria ordenó a los campesinos presentar un depósito por 100 mil pesos para garantizar los posibles daños a la tercera perjudicada, en este caso la CFE.
El CJF precisó que el 14 de agosto los campesinos Víctor García Robles, Clemente Reyes Bailón, Petronila Valente Calixto, Gregorio García Vázquez, Ricardo García Valente, Juventino García Vázquez y Ángel Valente Vázquez demandaron la protección de la justicia federal contra la construcción de La Parota, según consta en el expediente 879/2007.
La juez dio la razón a los quejosos, quienes argumentaron que si la CFE terminaba la construcción de la presa y al final del juicio de garantías los pobladores demostraban que serían mayores los perjuicios que los beneficios del embalse, de nada les serviría el amparo, pues el daño estaría consumado.
La concesión de la hidroeléctrica fue otorgada el 24 de junio de 2005 por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la resolución fue aprobada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de acuerdo con el CJF.
Alfredo Méndez
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